El gobierno de España enfrenta críticas por su gestión de la llegada de menores a Ceuta. Varias comunidades autónomas, entre ellas el País Vasco y Cataluña, han rechazado acoger a más menores alegando falta de capacidad en los centros de acogida, que ya operan al 200% de su ocupación.
El debate se centra en las acusaciones de racismo hacia quienes se oponen a la política actual. El orador argumenta que mercadear con estas personas sí constituye una actitud racista y defiende que los menores deben estar con sus familias.
Se reclama al gobierno español establecer mecanismos de repatriación y se pide mayor implicación de la Unión Europea en la resolución del problema.
